De acuerdo con los objetivos generales del proyecto, esto es, incorporar efectivamente al proceso legislativo evidencias empíricas, y revisar los presupuestos empíricos de la toma de decisión legislativa sobre la criminalización de conductas, se proponen lo siguientes objetivos específicos:
1. Analizar las posibilidades de conocimiento científico de la realidad social, en especial, de las diferentes metodologías y las fuentes de datos sobre criminalidad disponibles para evaluar su validez, precisión, alcance y, especialmente, limitaciones en su aproximación y explicación del fenómeno criminal, así como su relación con la política criminal.
2. Evaluar qué papel juegan y cómo son utilizados los datos empíricos en la toma de decisiones de la técnica legislativa penal actual en general y, muy en particular, en aquellas decisiones en materia de criminalización de conductas o de aumento de las penas.
3. Identificar, por medios científicos, los factores que inciden en el cumplimiento de las normas y, más en concreto, discutir la hipótesis de que el incremento de la sanción penal disuada por sí mismo del cumplimiento de las acciones delictivas.
4. Analizar las intuiciones de justicia de los ciudadanos, los procesos de configuración de las actitudes punitivas y la creación de la llamada “alarma social”, bases utilizadas usualmente por el legislador sin base empírica para justificar la acción penal.
5. Establecer las bases y las estrategias procedimentales para la incorporación de evidencias empíricas pertinentes, en sinergia con el sistema de principios, valores y garantías del Estado de Derecho y la Constitución, en la toma de decisiones político legislativa, y muy en particular, en la criminalización de conductas y el aumento de penas.